La Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que sancione por cerca de US$25 millones a los supermercadistas SMU, Walmart y Cencosud por la supuesta colusión en el mercado del pollo fresco.
Lo anterior, en medio de los alegatos finales, del martes 19 de diciembre de 2017, realizados por el persecutor frente al tribunal, quienes acusan a esas 3 empresas de fijar -a través de sus proveedores- un precio mínimo de venta de la carne de pollo fresco, al menos entre 2008 y 2011, restringiendo la competencia en ese mercado.
En ese sentido, la FNE expuso una serie de correos electrónicos que darían cuenta de los contactos que establecieron ejecutivos de las cadenas con los proveedores de pollos. Así, las compañías monitoreaban entre sí -a través de personal interno y externo el mantenimiento- que las firmas supermercadistas que supuestamente pactaron el acuerdo mantuvieran el valor de venta del pollo por sobre el precio de lista mayorista.
El subfiscal Nacional Económico, Mario Ybar, pidió al TDLC que se acoja íntegramente el requerimiento y que se multe a las 3 cadenas con el máximo estipulado en la ley al momento del supuesto delito: 30 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), aproximadamente US$25 millones.
La operación habría quedado al descubierto en el marco de la investigación realizada en el denominado caso pollos, fallado en última instancia por la Corte Suprema.
Corte Suprema confirma multa de US$60 millones por colusión de productoras de pollos
La Tercera Sala de la Corte Suprema, por tres votos a dos, el 29 de octubre de 2015, confirmó las millonarias sanciones por colusión contra Agrosuper, Ariztía, Don Pollo y ordenó la disolución de la Asociación de Productores Avícolas.
El fallo rechaza un recurso de reclamación presentado contra la resolución del Tribunal de la Libre Competencia que, en septiembre del año 2014, determinó que las tres empresas, coordinadas por el organismo gremial, se coludieron para “proyectar la demanda futura de pollo y asignar cuotas de producción”.
A partir de los indicios detectados en esas pesquisas, el 14 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la entrada, registro e incautación en dependencias de los actores de la industria supermercadista, según explicó en el requerimiento la FNE.
En dicha instancia, se sancionó a las avícolas, por lo que las supermercadistas señalan que habría una doble sanción del delito. Además, las cadenas plantean que los proveedores son los responsables del acuerdo, pero el abogado de Conadecus, Mario Bravo, consideró que ello no tiene “ningún asidero”. – Economía, BioBioChile.
En tanto, la abogada de Walmart, Nicole Nehme, acusó a la FNE de presentar correos electrónicos como prueba previos al período de la supuesta colusión. Además, la jurista desestimó las acusaciones contra la firma dado que, según dijo, desde la llegada de la cadena estadounidense a Chile en 2009, las políticas de Líder y sus cadenas restantes cambiaron, dado que ésta aumenta sus ingresos en base al incremento del volumen de ventas, no por acuerdo de márgenes de precio.
La FNE señaló en su requerimiento que el acuerdo confirió a las cadenas poder de mercado suficiente para garantizar un precio mínimo de venta para la carne de pollo fresca en todo el mercado nacional.
Según la FNE, al cierre de 2011, Cencosud, SMU y Walmart sumaban en conjunto una participación del 92,5% en la industria supermercadista, con sus marcas Jumbo y Santa Isabel; Unimarc, Bigger, Mayorista 10, Maxi Ahorro, Alvi, Dipac y Comer; Hipermercado Lider, Lider Express, SuperBodega aCuenta y Ekono, respectivamente.
Como una “excelente noticia” calificó el presidente de la Liga Ciudadana del Consumidor, Rubén Andino, la multa por US$25 millones exigida por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las cadenas de supermercados Walmart, Cencosud y SMU en el marco del caso colusión de los pollos, en el cual se investiga una eventual fijación de precios, al menos entre 2008 y 2011, entre las tres empresas, y así restringir la libre competencia. – diarioUchile.
Para establecer una decisión final del caso expuesto, los jueces, presidido por el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Enrique Vergara, tendrán un plazo promedio de seis meses para entregar una resolución.