El Parlamento de Baleares ha aprobado el decreto ley sobre la regulación de las explotaciones ganaderas intensivas avícolas, específicamente aquellas que operan con grandes cantidades de gallinas, después de un tenso debate entre los grupos políticos. La medida, respaldada principalmente por el PP, Més per Mallorca y los diputados no adscritos Xisco Cardona y Llorenç Córdoba, prohíbe la creación de macrogranjas avícolas con más de 160,000 gallinas. Por otro lado, Vox, PSIB y Agustín Buades se opusieron al decreto, mientras que Unidas Podemos y Més per Menorca optaron por abstenerse.
El objetivo del decreto es regular la construcción y expansión de estas explotaciones avícolas, estableciendo distancias mínimas respecto a los núcleos urbanos. Según la nueva normativa, las instalaciones que alojen entre 20,000 y 40,000 gallinas deberán ubicarse a una distancia de al menos dos kilómetros del área residencial más cercana, y las que tengan entre 40,000 y 60,000 aves deberán situarse entre los 4 y 6 kilómetros. En cuanto al límite máximo de 160,000 gallinas, estas explotaciones deberán estar a una distancia de al menos seis kilómetros de los núcleos urbanos.
El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, defendió la legalidad y la necesidad de esta normativa, destacando que se basa en directivas europeas y normativas nacionales. Según Simonet, el decreto no impone nuevas restricciones al sector, sino que regula lo que no está cubierto por la legislación nacional existente.
Desde Més per Mallorca, el diputado Ferran Rosa destacó que, aunque el decreto no resuelve de forma definitiva todos los problemas relacionados con las macrogranjas, es un paso hacia la solución, y criticó las acusaciones entre PP y PSIB en relación al proyecto de la macrogranja de Sineu. En cambio, el portavoz del PP, Pedro Álvarez, subrayó que el decreto responde a una preocupación real de los ciudadanos y que demuestra la sensibilidad del Govern ante un problema local.
Los partidos en contra, como el PSIB y Vox, criticaron la medida por considerarla insuficiente y poco ambiciosa. El socialista Marc Pons afirmó que con tres artículos no se regula adecuadamente un sector tan importante como la ganadería intensiva, mientras que el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, denunció que la normativa es demasiado intervencionista y no responde a una necesidad urgente, dado que el proyecto de Sineu ya había sido detenido.
Por último, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, propuso una moratoria de dos años para todas las explotaciones ganaderas en Baleares, argumentando que se necesita tiempo para estudiar el impacto real de estas instalaciones y analizar soluciones más globales.
Este decreto es un ejemplo más de las tensiones políticas en Baleares sobre cómo regular las explotaciones ganaderas en una región que busca equilibrar el desarrollo agrícola con la protección del medio ambiente y el bienestar de los residentes.
