El impacto económico de la conversión de granjas a sistemas sin jaulas requerirá una inversión superior a los 2.300 millones de euros por parte de los productores de huevos españoles, según la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (INPROVO). En respuesta a esta necesidad, el sector avícola español solicita a la Comisión Europea que incluya ayudas financieras adicionales en su propuesta legislativa sobre el bienestar animal, complementando los fondos de la PAC, y que estas ayudas sean proporcionales a la inversión que deben realizar los avicultores.
INPROVO subraya la importancia de que la nueva normativa se base en un análisis exhaustivo e independiente, apoyado en evidencias científicas y técnicas sólidas. Este análisis debe considerar el impacto socioeconómico de las medidas propuestas y ayudar a entender los riesgos, costos y necesidades implicados en la eliminación de las jaulas para el sector.
Durante la presentación del informe técnico independiente “Impacto económico de la propuesta legislativa de la UE en materia de Bienestar Animal para el sector de la avicultura de puesta”, elaborado por los Doctores Carlos Garcés Narro y María Dolores Soler Sanchís de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, INPROVO expuso su análisis sobre las consecuencias socioeconómicas de las medidas de mejora del bienestar animal propuestas por la Comisión Europea, en el marco del XVI European Poultry Congress (EPC) en Valencia.
Enrique Díaz Yubero, director de INPROVO, destaca que las inversiones necesarias para la transformación pueden dificultar el acceso a la financiación para muchos productores, agravado por el aumento de los tipos de interés. Señala que la futura normativa debe incluir ayudas financieras para todos los operadores afectados, tal como prometieron la Comisión y el Parlamento europeos, para permitir la transición sin pérdida de tejido productivo.
INPROVO también sugiere medidas para mitigar el impacto de la nueva normativa, como la prohibición de construir nuevas instalaciones con jaulas, una transición gradual y un plan de abandono con ayudas para aquellos productores que decidan dejar la actividad.
En cuanto al periodo de adaptación de 10 años propuesto por la Comisión Europea, INPROVO lo considera insuficiente para la mayoría de los operadores y propone un plazo mínimo de 15 años para evitar la pérdida de granjas con menor capacidad financiera.
La Comisión Europea también propone reducir la densidad de las granjas, lo que podría llevar a una disminución del 13% en el número de gallinas ponedoras en la UE. Para las granjas españolas, esto significaría una reducción del 44% en la capacidad de alojamiento de aves y requeriría inversiones de 800 millones de euros y la obtención de permisos para nuevas instalaciones, lo que retrasaría la transición.
Las organizaciones avícolas españolas creen que mantener la densidad actual sería más viable, ya que las inversiones necesarias para la nueva norma son desproporcionadas en relación con los beneficios para el bienestar animal.
Los sistemas de producción alternativos aumentan los costos en casi todos los eslabones de la cadena de producción de huevos. Según los doctores Garcés y Soler, el costo de producir una docena de huevos en un sistema de gallinas sueltas es un 17,3% mayor que en jaulas, y en el caso de gallinas camperas, el incremento es del 30,9%. Esto se traduciría en un aumento anual de casi 178 millones de euros para la producción nacional.
Enrique Díaz Yubero subraya que el encarecimiento de los huevos, un alimento básico, tendría un impacto social significativo, afectando principalmente a las rentas más bajas. Por ello, los plazos de transición deben ser más amplios para favorecer un cambio progresivo y evitar distorsiones en el mercado.
El informe de Garcés y Soler también indica que la transición a sistemas de producción alternativos incrementará los costos regulatorios en un 40% respecto a los competidores de terceros países. Este sobrecoste se suma al 16% adicional que ya enfrentan los productores europeos en sistemas de jaulas acondicionadas, resultando en un sobrecoste regulatorio de más del 55% frente a países competidores.
Para el sector del huevo español, es crucial mantener condiciones equitativas en los tratados comerciales con terceros países, evitando la deslocalización de la producción y garantizando la soberanía alimentaria.
Finalmente, INPROVO enfatiza que las medidas adoptadas deben asegurar la igualdad de condiciones para una competencia justa en el mercado. De lo contrario, se arriesga la sostenibilidad económica y la producción local en favor de importaciones de menor calidad.
El sector del huevo español es un referente internacional en innovación, calidad, seguridad y sostenibilidad, siendo el tercer mayor productor de Europa. Con más de 1.500 granjas y 15.000 empleos directos, representa un componente esencial de la economía agraria española, con una facturación de 2.301 millones de euros en el último año.
INPROVO, fundada en 1997, representa a más del 85% de la producción y comercialización del huevo en España, coordinando y colaborando con los distintos eslabones de la cadena alimentaria del huevo.