El juez Ricardo Soares Leite, de la 10ª Vara Federal de Brasilia, prohibió a la empresa JBS vender las acciones de sus filiales en Argentina, Paraguay y Uruguay a empresas controladas por Minerva, la segunda mayor compañía de carne bovina de Brasil. El valor del negocio, que se anunció a principios de este mes, es de US$300 millones.
Un tribunal de Brasilia suspendió provisionalmente la venta por US$300 millones de los activos que la multinacional cárnica brasileña JBS tiene en Argentina, Paraguay y Uruguay.
El permiso para la venta había sido solicitado por las defensas de los hermanos Joesley y Wesley Batista, dueños de JBS. El Juez Soares Leite es responsable de la Operación Bullish, en la que son investigados desvíos en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) a favor de la empresa. El bloqueo de activos de JBS fue impuesto como medida cautelar por el magistrado.
En la decisión informada por el juez, dada a conocer por diversos medios de comunicación brasileños, consideró que la venta es «prematura», debido a que todavía no se han presentado pruebas que respaldan el supuesto favorecimiento de JBS por el BNDES, conforme a lo relatado por los ejecutivos de la empresa en un acuerdo de delación retribuida con la Justicia.
También, Soares Leite recordó que dicho acuerdo aún tendrá que ser validado y analizado por el Supremo Tribunal Federal (STF). Agregó que la aspirada venta tampoco fue autorizada por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) hasta el momento.
En un comunicado a los accionistas, la compañía brasileña JBS, afirmó que presentará un recurso de apelación contra la decisión tomada por la Justicia.
Bloqueo de Bienes
La Abogacía General de la Unión (AGU) ingresó con una manifestación, el 21 de junio de 2017, ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) para solicitar el inmediato bloqueo de bienes de JBS y de sus responsables. La medida tiene como objetivo garantizar un futuro resarcimiento de perjuicios estimados en cerca de US$254.210.154 causados a las arcas del Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social (BNDES), objetivo de investigación del propio tribunal.
La AGU tomó la iniciativa tras la divulgación de noticias en que el grupo estaría en «avanzado proceso de deshacerse de bienes en el país». En ese sentido, «como eventual acción de resarcimiento de las arcas públicas federales se quedará a cargo esta institución, tales medidas podrán fracasar en caso que no se resguardan bienes suficientes para la efectiva recomposición del erario», alerta uno de los fragmentos de la petición..
Además, La Abogacía General recuerda, que eventuales términos del acuerdo celebrado entre el grupo económico y el Ministerio Público Federal no afectan la competencia del Tribunal de Cuentas de la Unión para evaluar la extensión del daño integral causado a las arcas públicas federales, así como para el enjuiciamiento de las acciones derivadas De conformidad con las Leyes nº 8.429 / 1992 y 12.846 / 2013.
En este sentido, se requiere el acceso a todo el contenido del proceso para que la AGU tome las «medidas judiciales a cabalidad».
Paquete de Desinversiones
En medio de las dificultades de mercado que enfrenta después de que sus controladores firmaran un acuerdo de delación retribuida con la Justicia, JBS, que es uno de los mayores procesadores de carnes del mundo, anunció, un programa de desinversiones del orden de US$ 1,8 billones.
Tras los varios escándalos de corrupción, JBS anunció esta semana que comenzaría un programa de venta de activos con el que esperaba recaudar US$ 1,8 billones. Con este programa de desinversión- como se señaló en la publicación de aviNews- la compañía JBS pretende reducir el endeudamiento líquido, permitiéndole fortalecer la estructura financiera. De acuerdo al plan inicial, el grupo pretendía deshacerse de activos en Brasil, Irlanda del Norte y Estados Unidos.