La Guardia Civil ha iniciado una investigación contra 11 individuos por su presunta implicación en el robo de gallos de pelea y gallinas de la raza combatiente español, ocurrido en una finca ganadera de La Carlota, en la provincia de Córdoba. Los animales robados, valorados en aproximadamente 77.000 euros, fueron sustraídos en abril de 2024, junto con varios otros bienes, como tres cachorros de perro, cuatro guarniciones, dos monturas y tres cabezales de equino.
Los gallos, reconocidos por sus excepcionales características físicas y premiados a nivel nacional por su calidad en cría, se encontraban en la finca con fines de reproducción. La investigación apunta a que estos animales fueron robados para ser utilizados en peleas clandestinas o vendidos en el mercado negro, una actividad ilegal muy común en ciertas áreas de Andalucía.
Las primeras pesquisas permitieron determinar que almenos ocho personas, con el rostro cubierto por pasamontañas, participaron en el robo. Además, uno de los asaltantes portaba un arma de fuego tipo pistola. En el marco de la investigación, la Guardia Civil identificó a varios sospechosos, principalmente residentes en la vecina provincia de Sevilla, que estarían vinculados a este tipo de robos en la región.
El análisis de información sobre las zonas de mayor afición a la cría de gallos de pelea ayudó a los agentes a localizar vehículos y personas relacionadas con el caso. Con suficientes pruebas de su presunta implicación, las autoridades procedieron a la investigación de estos 11 individuos, quienes ahora enfrentan cargos por un delito de robo.
Cabe destacar que las peleas de gallos son ilegales en Andalucía, salvo en casos excepcionales relacionados con la mejora de la raza en criaderos autorizados, y siempre con la exclusiva participación de los socios de los mismos. Los gallos de la raza combatiente español, incluidos desde 2007 en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, son una especie autóctona, cuyo destino en las peleas clandestinas sigue siendo un problema recurrente en la región.
Con las diligencias ya entregadas a la autoridad judicial, la Guardia Civil sigue adelante con el caso, que pone de manifiesto la persistente lucha contra las actividades ilegales vinculadas a la cría y lucha de gallos en el sur de España.
