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Si queremos competir en esta economía global, debemos hacerlo con empresas fuertes e innovadoras capaces de crear productos de valor añadido y diferenciados. La importancia de la innovación como motor de los mercados de alimentación y gran consumo es incuestionable.
La ausencia de innovación genera un círculo vicioso que afecta a las empresas, al consumo y al empleo. A muchos esta defensa de la innovación y de sus virtudes les parecerá una obviedad ¡quién puede defender lo contrario!. Pero en España, los datos del Instituto Nacional de Estadística demuestran que el porcentaje de empresas innovadoras en el sector de la alimentación ha descendido significativamente en los últimos años, del 31,7% en 2009 al 20,7% por ciento en 2014.
¿Cuáles son las causas de esta reducción de la innovación?
La crisis ha sido una de ellas. Pero esta tendencia empezó mucho antes de la crisis y existen otras causas quizás más importantes. Por ejemplo, algunas cadenas de distribución no referencian las innovaciones de las marcas de fabricante y discriminan los productos que compiten contra sus marcas de distribuidor (MDD).
Este freno a la competencia desincentiva a las empresas a seguir innovando y a crear empleo, ¿para qué dedicar recursos a un producto que no llega al consumidor o le llega en condiciones desfavorables frente a la MDD?
Estas prácticas explotan deslealmente el doble papel de juez y parte -distribuidor y competidor- del que disfrutan las cadenas de distribución y distorsionan la competencia en el mercado, afectando al consumidor y a la economía. Por esta razón, garantizar unas reglas de juego equitativas debería ser un objetivo prioritario de los poderes implicados.
El sector de alimentación y gran consumo se juega mucho ante la situación actual.
La falta de innovación es un problema para todos y corregir esta situación es un deber, también para todas las partes. Las industrias han de innovar, los distribuidores deben garantizar igualdad de oportunidades y de trato a todas las innovaciones tanto de productos propios como ajenos, para permitir que el consumidor elija y que no lo hagan por él.
Los consumidores, individualmente o por boca de sus asociaciones, deben rebelarse contra la reducción de la innovación que empeora su bienestar futuro. Pero además las administraciones competentes deben garantizar la competencia libre para seguir ofreciendo soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades de los consumidores y que ayuden al primer sector industrial del país.