El Consejo Administrativo para la Defensa Económica, CADE, abrió una investigación para averiguar sobre la sospecha que BRF y JBS estarían formando un cartel en el mercado avícola y porcino brasileño.
La decisión de iniciar el procedimiento preparatorio del expediente administrativo fue tomada por el superintendente general del CADE, Alexandre Cordeiro Macedo, el jueves 30 de enero de 2020, a las 5:40 pm, según un documento obtenido por Reuters.
En el despacho, Macedo cita un reportaje del periódico Valor Econômico en el que se hace mención a un debate realizado en la ciudad de São Paulo en vísperas de que los líderes de JBS y BRF señalaran que, para compensar los altos precios del maíz en el país, las dos compañías traspasarían el alza de los commodities a sus productos.
El debate tuvo lugar en un foro de inversión latinoamericano abierto a la prensa y promovido por Credit Suisse. En la ocasión, los ejecutivos de las dos compañías comentaron una serie de problemas, incluidos los efectos del brote de coronavirus en China en las exportaciones de carne brasileña.
En la ocasión, el director ejecutivo de JBS, Gilberto Tomazoni, afirmó que los precios del maíz en Brasil han aumentado considerablemente y que han comenzado a pesar sobre los costos. Según él, el alza en Brasil del commodity utilizado en la alimentación animal se debe a razones que incluyen una fuerte demanda de exportación y uso doméstico para etanol.
- Frente a esta investigación iniciada en Brasil por el CADE, JBS declaró que “hasta ahora no ha sido notificada de la apertura de ningún proceso de investigación en el CADE y rechaza cualquier acusación de práctica de carteles por parte de la empresa”.
- Por su parte, BRF, comentó que “actúa de manera ética e integra en todos sus negocios, teniendo la seguridad en afirmar que actúa de acuerdo con las reglas de competencia. La empresa no ha sido notificada de ninguna investigación, pero informa que queda a disposición de las autoridades para cualquier aclaración que pueda ser necesaria”.
La etapa actual de indagación del CADE, el procedimiento preparatorio del expediente administrativo, es la más incipiente de una investigación del órgano de defensa de la competencia.
Esta indagación será realizada por la Superintendencia General del Cade y será confidencial. El órgano puede solicitar diligencias y tiene 30 días para concluir las investigaciones. Al final de ese plazo, puede solicitar abrir el expediente administrativo, cerrar el caso o prorrogar el plazo y solicitar nuevas diligencias.
El caso sólo irá al Tribunal Administrativo del CADE, cuando sea juzgado por los consejeros, si, al final de las indagaciones, la Superintendencia General concluye que hubo una práctica anticompetitiva. Recién, en esta fase se pueden determinar las sanciones correspondientes.
Aun así, durante las investigaciones, la Superintendencia General tiene el poder de solicitar medidas preventivas a fin de cesar una eventual práctica irregular.
Fuente: Con información de Reuters