Cerealistas, los grandes perdedores del año en el campo español

• La producción vegetal descendió un 3,4%, debido a caída en el volumen producido (-11,7%), contrarrestada en parte por la subida de las cotizaciones (+9,4%). El comportamiento ha sido desigual por sectores. Mientras las caídas de producción se han situado en sectores como aceite de oliva (-59%), cereales (-35%) o vino y mosto (-21%), en precios se ha dado incremento en aceite de oliva (+71%), plantas forrajeras (+36%), frutas (+13%), hortalizas (+9,5%) y patata (+7%). El sector de los cereales sumó a la caída de producción la bajada de precios (-24%).
• En la producción ganadera se incrementa el valor un 13,4% debido al aumento de los precios en un 16,3%, mientras que el volumen producido ha descendido un 2,5% respecto a 2022. Los principales descensos productivos se han dado en ovino y caprino (-10%), y bovino (-7%), con incrementos en las producciones avícolas. Por otra parte, se ha dado un aumento generalizado en todos los productos, destacando: huevos (+30%), leche (+22%), porcino (+21%).

Varios de los capítulos con mayor peso en los costes de producción de las explotaciones agrarias descendieron en su precio respecto a 2022: energía y lubricantes un -31,9%, fertilizantes un -27,4% y los piensos con un -1,3%.

Esta bajada se ha reflejado de manera paralela en el valor esas partidas, excepto en el caso de los fertilizantes en los que se ha producido un significativo aumento en la cantidad utilizada respecto al año anterior (+19%) que ha compensado la caída de la cotización. También cayó el valor de servicios de intermediación financiera (-7,8%), productos fitosanitarios (-0,9%) y gastos veterinarios (-0,4%). Por el contrario, aumentó el valor de mantenimiento de material (+13,5%), semillas y plantones (+7,1%), servicios agrarios (+4,5%), mantenimiento de edificios (4,1%), y otros bienes y servicios (+2,5%). Los piensos continúan siendo el capítulo más importante del total de costes de producción con un 56%, seguido de la partida de otros bienes y servicios (8,3%), fertilizantes (7,7%) y energía (7,6%).

Empleo. Retroceso del número de empleos en el sector (un 5,5% menos en 2023 frente a 2022, -42.600 UTA). En apartado no refleja la tendencia general al aumento de ocupados del conjunto de la economía española y, entre otras cuestiones, se puede señalar el impacto de los daños climáticos sobre las producciones que han derivado en una menor necesidad de mano de obra. El número de Unidades de Trabajo Agrario (UTAs) en el sector está un 6,6% por debajo de la media de los últimos 5 años, con acentúa la significativa pérdida de activos en 20 años (- 215.000 UTA). Como se puede observar en el siguiente gráfico, si bien la tendencia del número de ocupados de la rama agraria hasta 2007 fue más negativa que la de los ocupados totales, la pérdida de ocupados desde ese año fue menos pronunciada que el resto de los sectores económicos, pero en los últimos años, hay un claro estancamiento en la evolución en la agricultura y ganadería, y de hecho la situación se separa de la mejora en el conjunto de los sectores.

Nueva PAC. Un infierno burocrático y un verdeo de escaparate que aceleran el proceso de uberización del campo español.

A finales del mes de diciembre de 2022 se publicó en el BOE un amplio paquete normativo para la aplicación de la nueva PAC en España. Se trata de una Ley y 19 RRDD que establecen condiciones y requisitos a la actividad agraria que afectan entre otros a la nueva “condicionalidad reforzada”, el uso sostenible de fitosanitarios, la nutrición sostenible de suelos agrarios, el SIEX, REA y cuaderno digital de explotación, los nuevos eco-regímenes, etc. Desde el punto de vista del agricultor y ganadero, se incrementa de una forma desmesurada la complejidad regulatoria y las exigencias aplicables a la actividad agraria, constituyendo por sí mismas un impedimento para la viabilidad de la agricultura profesional e independiente constituida fundamentalmente por microempresas, además de un coste adicional. A esto se une la continua generación de normativa ambiental que incide directamente en la actividad agraria.

Con el inicio de la solicitud de la PAC 2023, COAG solicitó al Ministerio de Agricultura la urgente e imprescindible clarificación y aplazamiento de los plazos de entrada en vigor previstos en los Reales Decretos de la nueva PAC. Esta nueva normativa en vigor ya afecta de forma importante y preocupante a la gestión de las explotaciones y las prácticas agrarias, a la vez que implica multiplicar las exigencias burocráticas y mayores costes. Existe el riesgo de alcanzar un colapso administrativo en el campo si la gestión se sigue complicando, de consecuencias imprevisibles para el tejido productivo y la propia producción agraria. Asimismo, se está generando un importante problema de inseguridad jurídica provocada por la complejidad regulatoria.

El Plan Estratégico de la PAC que ha preparado el Ministerio de Agricultura ha resultado decepcionante. España ha desaprovechado el amplio margen de actuación que tiene para respaldar el modelo profesional y social agrario, mayoritario en nuestro país.  La definición de agricultor activo abre la puerta en la priorización de las ayudas a los perceptores que no ejercen una actividad agraria significativa, lo que perjudica a los agricultores cuyos ingresos provienen principalmente de su actividad agrícola. En el caso del pago redistributivo, así como en el caso de otras medidas, se debería beneficiar y no perjudicar a los agricultores profesionales, que dependen en mayor grado de los ingresos agrarios, algo que sucede justo al revés.

La sequía lastra la correcta evolución de los cultivos. Los secanos, sufren.

El escenario de sequía severa se ha extendido por toda la España seca, produciendo importantes pérdidas en diferentes tipos de cultivo. Con especial gravedad cabe destacar, por encima de cualquier otro, los daños en los cultivos de cereal en tierras de secano. Sufriendo perdidas entre un 60 y 80 por ciento.

En cuanto a cuencas hidrográficas se ha visto fuertemente afectada la Cuenca del Guadalquivir, recibiendo precipitaciones por debajo del 85% de la media histórica. La repercusión en esta cuenca ha sido tan elevada, que se han tenido que limitar fuertemente las dotaciones de agua, no pudiendo llevarse a cabo cultivos como el del arroz y hortícolas.

Cataluña también es una de las Comunidades Autónomas más afectadas sufriendo una situación de sequía de la que no hay antecedentes históricos, con una capacidad de embalse por debajo del 25% en toda la Comunidad. Ha sido necesario llevar a cabo, entre otras medidas, riegos de socorro para salvar los árboles. Al margen de las situaciones particulares, la situación es muy grave en todas las regiones lo que ha supuesto grandes pérdidas y se han visto afectados todos los cultivos, en especial el cereal.

La ganadería también se vio fuertemente afectada al encontrarse los pastos de primavera totalmente perdidos, provocando un fuerte aumento de los precios del forraje. La apicultura también cierra un año negativo, y suma dos años consecutivos con fuertes pérdidas.

Otro fenómeno que está siendo recurrente son las lluvias torrenciales a nivel general que en poco o en nada están ayudando ni al campo ni a la reposición de los embalses puesto que se están produciendo en zonas muy específicas además de los enormes daños que se están produciendo, como es el caso de la Región de Murcia.

Las lluvias de otoño han beneficiado especialmente a los cultivos leñosos, para evitar la pérdida del árbol y poder salvar algo la campaña, y a los sectores ganaderos por el enriquecimiento de los pastos.

No obstante, las precipitaciones en el presente año hidrológico en comparación con el valor medio de un año normal entre 1991 y 2020 es de un -18,8%.

Durante la reunión mantenida con ENESA, Agroseguro y el Consorcio de Compensación hace un par de semanas, COAG ha propuesto un pacto de Estado para acometer una reforma estructural del seguro agrario ante el nuevo contexto de emergencia climática.