Evaluación de riesgos ambientales de las granjas de ponedoras

ASEPRHU Y EL MAPAMA EVALUARÁN LOS RIESGOS AMBIENTALES DE LAS GRANJAS DE PONEDORAS Una Guía facilitará a las empresas la aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental recoge la obligación de los operadores económicos de evaluar sus riesgos ambientales y en su caso, establecer una garantía económica para cubrir posibles incidencias.

INPROVO desarrolló en 2009, en el marco de las ayudas a estudios sectoriales del MAPAMA, un trabajo de identificación y evaluación de los riesgos de las empresas del sector (MIRAT), que no pudo aprobarse como guía sectorial dado que el Ministerio de Agricultura en su momento no había definido el método para evaluar económicamente los riesgos. La llegada de la crisis económica ralentizó la implantación de la citada ley y sus normas de desarrollo, que ahora ha retomado de nuevo el MAPAMA.

En una reunión celebrada el pasado 6 de junio entre asociaciones de FIAB y los responsables del MAPAMA se informó de los cambios normativos, y del interés de avanzar en su aplicación en el sector alimentario. Se dispone de estudios de análisis de riesgos ambientales para algunos sectores, que en algunos casos deberán actualizarse para incluir los últimos cambios. Además se dispone de presupuesto para realizar desde el MAPAMA de frma gratuita dos estudios sectoriales, y uno de ellos podría ser para el sector avícola.

ASEPRHU manifestó su interés de acogerse a esta posibilidad para acabar el trabajo iniciado y poder contar con la guía sectorial de análisis de riesgos ambientales sectorial. El trabajo estará a cargo de Tragsatec, y para ello se visitarán algunas granjas tipo y se evaluará la situación y riesgos, estimando los costes de la cobertura de los mismos.

La revisión inicial del trabajo previo realizado, y la presentación al MAPAMA para su registro como guía sectorial (MIRAT) por parte del equipo de Tragsatec, permitirá que las empresas tengan la posibilidad de hacer el estudio de riesgos siguiendo un esquema sencillo aceptado por las autoridades, sin tener que recurrir, en principio, a consultoras externas para analizar los riesgos de cada empresa.