El reglamento contra la deforestación genera numerosas dudas entre los operadores

SITUACIÓN ACTUAL

El Reglamento, entrará en vigor a partir del 30/12/2024. Por ello, el MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) ha abierto una consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de lucha contra la deforestación asociada a la comercialización de materias primas y productos, que prevé adaptar al ordenamiento jurídico español las disposiciones del Reglamento EUDR y garantizar su aplicación efectiva con medidas para la correcta ejecución y coordinación entre las Administraciones involucradas, y un régimen sancionador, además de la modificación o derogación de las normativas correspondientes. 

La Comisión ha publicado un documento de preguntas frecuentes para responder a las preguntas sobre trazabilidad, alcance, sujetos de las obligaciones, definiciones, la diligencia debida, la interacción con otras políticas, el cronograma y otras cuestiones.

Los sectores ganaderos que incorporan algunas de las materias primas afectadas por el Reglamento contra la deforestación (como el aceite de palma y la soja) pueden verse afectados por las restricciones a la entrada de estos productos derivadas de los controles y certificaciones y de la probable reducción de la oferta y disponibilidad de las mismas tras la entrada en vigor del mismo.

Ante las dudas que genera la aplicación de la norma en los operadores afectados, 22 organizaciones europeas representativas de distintos sectores, entre ellas, el COPA-COGECA, han escrito al Comisario de Medio Ambiente manifestándole su preocupación por la implementación del reglamento y pidiendo que la Comisión Europea y los Estados miembros ofrezcan urgentemente claridad jurídica y aclaraciones sobre el camino a seguir. Los operadores se encuentran en una situación de inseguridad jurídica, que perturba a sectores que dependen en gran medida de las compras a futuro, lo que significa que actualmente se están concluyendo contratos para 2025 y años posteriores.

Piden un diálogo transparente y significativo entre la Comisión Europea y los países productores de la UE y los terceros. Solo así se evitará la exclusión de los pequeños agricultores de las cadenas de suministro europeas, se defenderá la justicia social y la transformación sistémica de las cadenas de suministro y se continuará promoviendo un marco para el cumplimiento del EUDR.