Repercusiones preliminares de la pandemia en los sectores agrícola y alimentario de España

La USDA, Foreign Agricultural Service, de los Estados Unidos,  ha publicado un informe sobre las repercusiones preliminares de la pandemia […]

La USDA, Foreign Agricultural Service, de los Estados Unidos,  ha publicado un informe sobre las repercusiones preliminares de la pandemia en los sectores agrícola y alimentario de España.

De este informe se puede extraer que durante su cuarta semana de encierro, las estadísticas recientes señalan que España puede estar entrando en el fase de “estabilización y desaceleración” de esta pandemia. Como parte de su respuesta a la crisis en curso, la el gobierno está extendiendo el bloqueo del Estado de Alarma por otros quince días hasta el 26 de abril de 2020.

El Real Decreto Legislativo recientemente publicado facilitará las restricciones de contratación para hacer frente a la escasez de mano de obra en el sector agrícola. Desde el brote, las operaciones agrícolas más afectadas han sido la horticultura, las plantas ornamentales y los productos lácteos. Además, el cierre del sector de la hostelería ha impactado negativamente en las ventas de productos de cerdo ibérico, lechones, cordero, cabra, carne de vacuno y mariscos. Este informe resume el impacto preliminar de la pandemia en la agricultura y la alimentación de España.

El cierre de hoteles y restaurantes ha devastado la demanda y ha reducido los precios en un 40 por ciento de los productos cárnicos, como lechones, ovejas, carne de cabra, productos de jamón ibérico y cortes de carne de vacuno de alto valor. Tradicionalmente consumida en restaurantes y hoteles del sur de Europa (España, Portugal y Grecia), la comercialización de los cochinillos ha sido extremadamente difícil ya que no existen usos alternativos para este tipo de carne de cochinillo y el producto no se consume comúnmente en el hogar. Los productores informan que no tienen las instalaciones adecuadas para hacer crecer a los lechones a un peso más pesado. La industria española considera que tres meses de almacenamiento privado es la única solución viable y ha solicitado fondos a la Comisión Europea.