La Presidencia del Gobierno de Panamá extendió, a partir del 7 de enero de 2018, durante otros seis meses - la vigencia del Decreto Ejecutivo N°161 del 1° de julio de 2014 – por el cual se impone el control de precios máximos a un total de 22 alimentos, entre los cuales se encuentran la carne de pollo y el huevo.
El Decreto Ejecutivo, que extiende la medida de control de precios a 22 alimentos de la canasta básica por seis meses, a partir del 7 de enero, lleva la firma del presidente Juan Carlos Varela y del ministro de Comercio e Industria (MICI), Augusto Arosemena.
En el comunicado gubernamental se señala que la medida de Control de Precios se inicia, ya que la Canasta Básica de Alimentos seguía marcado un patrón inflacionario, incrementando el costo promedio de la misma por más de US$16 anuales, lo cual llevó a un costo promedio de más de US$355 anual durante el año 2014.
Por lo cual, según la publicación, gracias a esta implementación de la medida de control de precios, se produjo una baja considerable e inmediata en el precio de la canasta básica de alimentos, llevándola a un precio de US$303 en julio del 2014. Actualmente el precio de la Canasta Básica de Alimentos se encuentra en US$314,56 anuales.
El gobierno panameño destaca que “La medida no provocó desabastecimiento, muy por el contrario, ha incidido en el aumento del consumo y la producción de alimentos como los huevos y el pollo que ha reflejado un importante aumento en el consumo per cápita anual”.
Además, la Secretaría de Comunicación del Estado informó que si toma en cuenta el patrón inflacionario promedio que había seguido previo a la adopción del control de precios, el precio actual de la misma sería de aproximadamente US$ 394,15 anuales, es decir, la medida no sólo frenó la tendencia al alza, sino que causó que el panameño se pueda ahorrar cerca de US$/80 al año.
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De acuerdo con el gobierno actual de Panamá “Desde que la norma entró en funcionamiento marcó una reducción inmediata del costo de los alimentos de primera necesidad y se logró frenar la tendencia al alza que se venía experimentando en la canasta básica en los gobiernos anteriores”.
Se informa que la implementación ha sido posible gracias al trabajo de monitoreo y fiscalización de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), que en estos tres años y medio ha inspeccionado más de 77.000 locales y ha impuesto multas por US$2,2 millones por incumplir la norma presidencial.
