Llevamos décadas sensibilizando tanto a las administraciones públicas como a la sociedad en general sobre la grave situación que enfrenta el sector avícola español. Este sector está sufriendo el impacto de la subida de los costos de las materias primas, el aumento de los precios energéticos y la implementación de nuevas normativas europeas que ignoran la realidad del sector, lo que podría agravar aún más la difícil situación de los granjeros.
Y seguimos en la lucha. Ahora lidiando con las modificaciones propuestas en el Reglamento de Transporte de la UE y su impacto negativo en nuestro sector. De aplicarse, estas medidas requerirían una inversión inmediata de 361 millones de euros, sumados a otros 125 millones de euros anuales, alcanzando un total de 860 millones de euros durante esta legislatura. Aunque estas normas pretenden mejorar el bienestar animal, son inviables y poco efectivas, y podrían provocar el cierre de muchas empresas cárnicas en España, siendo sustituidas por carne de pollo importada de países fuera de la UE.
Las nuevas regulaciones reducirían la capacidad de carga por camión en un 43% y aumentarían en un 65% el número de viajes necesarios, lo que resultaría en un incremento del 222% en las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos costos adicionales se traducirían en un aumento significativo del precio de producción del pollo para los consumidores españoles, afectando especialmente a los más vulnerables.
Además, estas restricciones ponen en peligro nuestra capacidad de exportar genética avícola de alta calidad, lo que impactaría negativamente la soberanía alimentaria de la UE. Muchas empresas podrían verse obligadas a deslocalizarse fuera de la UE, lo que conllevaría la desaparición de numerosas granjas y empresas productoras del sector avícola en España.
Queremos resaltar que el reglamento actual ya garantiza un alto nivel de bienestar animal, con una tasa de mortalidad del 0.3% durante el transporte. Las nuevas regulaciones no aportan mejoras significativas y podrían, de hecho, aumentar el riesgo de lesiones entre los animales. En Avianza, seguimos comprometidos con el bienestar animal, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, y solicitamos que cualquier nueva regulación se base en datos concretos y un análisis riguroso del impacto real en nuestro sector.
Las consecuencias de estas normativas favorecerían la entrada de productos alimentarios de terceros países como Brasil o Tailandia, donde los estándares en cuanto al uso de antibióticos, el bienestar animal o la sostenibilidad de la producción son inferiores a los de Europa. Poner en riesgo la producción europea es poner en riesgo la seguridad alimentaria de los ciudadanos.
Es sorprendente que, a pesar de estar diseñadas con la intención de promover el bienestar animal y la sostenibilidad, estas normativas podrían lograr precisamente lo contrario. Es contradictorio que estas regulaciones provoquen un aumento en la importación de productos desde países a 15.000 o 20.000 km de distancia, con el consiguiente aumento en costos y emisiones de transporte, países que tienen normativas mucho más laxas en comparación con las estrictas regulaciones de bienestar animal y sacrificio que se aplican en España, donde contamos con protocolos de actuación y controles sanitarios rigurosos.
La incoherencia de esta nueva normativa es evidente y esperamos que las autoridades competentes se den cuenta cuanto antes.
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